Ordenanza 6456/2016

Regúlase por la presente Ordenanza el procedimiento aplicable a los automotores y motovehículos, que se encuentren depositados en el Corralón Municipal.

Los automotores y motovehículos, comprendidos en la presente Ordenanza, serán todos aquellos que ingresen al Corralón Municipal por vía de secuestro o demorados por Autoridad Competente; siempre que el Departamento Ejecutivo Municipal no determine la venta por unidad o en partes mediante subasta Pública Administrativa.

También será aplicable a todos aquellos vehículos que sean hallados en lugares de dominio público en estado de deterioro, inmovilidad, abandono y que impliquen un peligro para la salud, la seguridad pública y el medio ambiente.

Quedan excluidos de la presente Ordenanza los vehículos y motovehículos depositados en el Corralón Municipal por orden del Poder Judicial.

Los automotores y motovehículos, que hayan sido ingresados al Corralón Municipal podrán permanecer en el mismo, por un plazo máximo de un (01) año.

Vencido el plazo establecido en el Artículo 4°, sin que el titular haya hecho valer sus derechos sobre el rodado, retirando la unidad del Corralón Municipal, previo pago de la multa por la infracción cometida y de los gastos derivados del depósito, y no se haya determinado la subasta del bien, se presumirá que abandona el bien según su estado.

La Secretaría de Protección Ciudadana informará al Juzgado de Faltas correspondiente, sobre el cumplimiento del plazo, y que la unidad no será sujeta a subasta, solicitando en el mismo acto, el decomiso del rodado por el estado de abandono en que se encuentra en el Corralón Municipal.

Recibidas las actuaciones, el Juzgado de Faltas interviniente, intimar nuevamente al titular, por el plazo perentorio improrrogable de Diez (10) días hábiles, para que haga valer sus derechos sobre el rodado, a efectos de que proceda a retirar la unidad del Corralón Municipal, previo pago de los gastos derivados del depósito y de las multas aplicadas, bajo apercibimiento de proceder a su decomiso por el estado de abandono.

Si durante el plazo otorgado en los Artículos 4° y 6°, surja la existencia de acreedores prendarios del bien, embargantes u otros terceros interesados, podrán ejercer judicialmente los derechos que les correspondan, que deberá incluir la orden del secuestro y su depósito a nombre del tercero accionante, todo lo cual deberá ser comunicado a la Autoridad de Aplicación por el Juzgado interviniente.

Cumplido el plazo del Artículo 6°, sin que el titular haya ejercido sus derechos sobre el rodado, el Juzgado de Faltas, dictará sentencia ordenando el Decomiso del Vehículo o Motovehículos, poniéndolo a disposición del Departamento Ejecutivo Municipal para su disposición final.

Vencido el plazo o ejecutoriada que fuera la Sentencia de Decomiso, el Departamento Ejecutivo, mediante acto fundado, podrá ejercer la opción de Destrucción Final del Rodado.

En el supuesto de la Destrucción final de los bienes decomisados, serán sujetos al proceso de descontaminación, desguace y compactación. En primer lugar se procederá al proceso de descontaminación, entendido por dicho término la extracción de los elementos contaminantes del medio ambiente, como baterías, fluidos, y similares que son reciclados o dispuestos como establezca la reglamentación.

Cumplido dicho proceso se procederá al desguace, lo que implica la extracción de elementos no ferrosos que son reciclados o dispuestos como establezca la reglamentación. Por último, la compactación del vehículo en depósito que es un proceso de destrucción que convierte en chatarra a los vehículos, sus partes constitutivas, accesorios, chasis o similares, como establezca la reglamentación.

Se deberá informar al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, sobre la aplicación del desguace y compactación, a los fines de que en dicho registro se realice el trámite de baja de la unidad correspondiente.

Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar convenio con la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, dependiente del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, a los efectos de establecer un sistema informativo de intercambio de información y un arancel especial para las bajas registradas.

Será autoridad de aplicación de la presente Ordenanza la Secretaría de Protección Ciudadana, o el Organismo que en el futuro lo reemplace.

Abróguese la Ordenanza N°1045/83 y Ordenanza N°5412/12.

Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE.